Las isapre es vista como el símbolo de una industria en crisis y cuya capacidad de ser rentable está siendo cuestionada. La aseguradora de salud y Southern Cross afinan detalles para que el fondo de inversión privado, que lideran Raúl Sotomayor y Norberto Morita, se quede con el control. BTG encabeza la negociación. En la industria existe escepticismo sobre la viabilidad financiera de esta compañía, considerando que gran parte de sus activos son cuentas por cobrar a un endeudado holding controlador. Sin embargo, en la isapre hay optimismo, los números a junio reflejan una importante mejora que le permite proyectar utilidades que superan en más de 38% las de 2015. La apuesta de Southern Cross es al negocio de las clínicas.
Que las isapres la están pasando mal es un hecho conocido. Informes como el de Inversiones Security y medios como Bloombergse han encargado de develar que la industria está perdiendo cada vez más su capacidad de autofinanciarse, acercándose a paso lento a su extinción o bien a una nueva etapa, donde las rentabilidades de antaño son cosa inexistente. Incluso la Superintendencia del ramo identificó a aquellas compañías que estaban al límite de cumplir los estándares mínimos de solvencia: Consalud y Masvida.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre una y otra. Mientras Consalud cuenta con la poderosa Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en su propiedad, Masvida es un caso de “capitalismo popular” en el cual cerca de 6.500 médicos son sus dueños. Es decir, la primera tiene espaldas financieras, pero la segunda no. Es por eso que por estos días se encuentra afinando el traspaso de control a Southern Cross, el conocido fondo de inversión de Raúl Sotomayor y Norberto Morita.
En medio de este proceso ha surgido una serie de ruidos que revela cierto escepticismo del mercado sobre el porvenir de Masvida. Es que se trata de una empresa que, al primer trimestre, cumplió al límite los ratios de liquidez exigidos por ley, con activos que mayormente corresponden a cuentas por cobrar al holding Masvida, su controlador y dueño de la red de clínicas más grande del país.
Con un resultado operacional negativo en dicho trimestre (-38%) y una caja de $752 millones frente a deudas por más de $105 mil millones, son varios los que no creen en su capacidad de salir adelante, sobre todo por el contexto actual.
Hace un tiempo que la banca le cortó las boletas de garantía a prácticamente toda la industria, instrumentos financieros necesarios para cumplir con la regulación chilena sin afectar su liquidez. Al mismo tiempo, los bancos han mantenido inamovibles los topes de las líneas de crédito de estas compañías, considerando que siguen operando en medio de una importante incertidumbre jurídica. Pues la nueva Ley de Isapres está todavía muy lejos de ser algo real.
Por otro lado, en la industria se estima que las costas de judicialización por alzas de planes rondarán este año los $43 mil millones, versus los $23 mil millones de utilidades esperadas para este ejercicio. Y si el Servicio de Impuestos Internos (SII) considera a estas costas como gastos rechazados, al contemplar que no son parte del ejercicio de la industria, el costo sube un 30%. En definitiva, la industria está apretada y, en ese contexto, los números de Masvida son de los más estrechos.
Un pozo sin fondo y con muchas cuentas por cobrar es como algunos actores se refieren a esta empresa. No sin interés, por cierto, pues a pesar de su estrechez financiera se trata de una compañía que alcanza el 16% de mercado, con afiliados que gozan desde rentas medias a altas, de todas las edades y repartidos por todo Chile, atributos altamente atractivos para una industria como esta.
Pero, a pesar de todo esto, la empresa propende a nadar con fuerza en contra de la corriente. Así parecen evidenciarlo sus números al segundo trimestre.
¿Una historia de resiliencia?
“Resiliencia” fue uno de los conceptos más repetidos por la prensa económica cuando César Barros se refería a La Polar y su famoso Plan Aconcagua. La empresa de retail había podido negociar con sus acreedores y se aprestaba a iniciar una nueva etapa que dejara definitivamente atrás las polémicas repactaciones unilaterales que dejaron a Pablo Alcalde y compañía en condición de delincuentes.
Esta es una historia diametralmente distinta, pero Masvida también busca dejar atrás un periodo crítico. Al menos desde la empresa Claudio Santander, su presidente, tiene esa convicción y asegura que el resultado operacional de la compañía será positivo tras dos años magros para la industria en general y que la utilidad para este ejercicio también será favorable, sobre todo gracias al factor estacional de fin de año.
Eso sí, todavía falta. A junio de 2016 acumula una cifra negativa en su resultado operacional de $2.081 millones; sin embargo, sus proyecciones y con las cifras a julio (mes que anotó un resultado operacional positivo de más de $1.030 millones) los datos rondarían los $1.155 millones. En cuanto a sus utilidades del primer semestre, estas anotan una variación negativa de 67% interanual, con ganancias acumuladas de $1.430 millones, pero gracias a los números de julio ya asciende hasta los $3.285 millones. Sus proyecciones para diciembre apuntan a ganancias por $7.978 millones versus los $5.773 millones del año pasado, lo que representaría un ascenso de 38%.
El principal factor de este optimismo lo explican sus ingresos, los cuales anotan a junio un alza de 8% con $172 mil millones –principalmente producto de la entrada en vigencia de la prima universal del GES–, al tiempo que sus proyecciones para el año apuntan a un avance del 10,3%, con ingresos que superarían los $365 mil millones.
Lo anterior se explica por tres grandes políticas que implementó la empresa: depuró su cartera, se reestructuró administrativamente y negoció con los prestadores.
En primer lugar, salieron 8 mil afiliados de la compañía. Las isapres tienen tres meses para seguir manteniendo planes de personas que por distintas razones dejaron de cotizar. Masvida esperaba hasta seis, ya que dentro de ese período muchos afiliados volvían a trabajar y, por tanto, mantenían sus planes. Esta política terminó, pues –según plantea Santander– hoy el ciclo económico muestra que hay una mayor demora en encontrar un nuevo trabajo.
Por otro lado, la empresa llevó a cabo una importante reestructuración administrativa, cerrando puestos de venta y puntos de atención en clínicas. A cambio de ello, implementó sistemas tecnológicos electrónicos para pagos de bonos o reembolsos, entre otros servicios.
Y, finalmente, negoció nuevos términos con sus prestadores. Hace un tiempo era común que a los médicos se les pagaran al mismo día los bonos emitidos por las isapres, pero hoy este pago se hace de manera mensual. Al mismo tiempo, las clínicas que antes cobraban programas médicos con plazo a 60 días, hoy reciben reembolsos que toman 90 a 120 días, cambios en los plazos que por estos días enfrentan a Cruz Blanca con Clínica Las Condes. Para esto hubo una planificación financiera en que Masvida acordó pagar conforme al ritmo de sus ingresos.
¿Qué ve Southern Cross?
Más allá del ruido que generó La Polar y la quiebra de Campanario (cuyos costos asumieron por completo Sotomayor y Morita), Southern Cross se caracteriza por un minucioso análisis sobre dónde poner fichas en Latinoamérica. Ahora está atento a Masvida, en una negociación que rondaría los US$100 millones para tomar el control.
La isapre trabaja con BTG Pactual, el bufete Cariola Pérez Cotapos y la auditora Ernst & Young, teniendo como contraparte a Sotomayor y compañía. Ya pusieron los puntos sobre las íes y por estos días solo se afinan detalles. Uno de los aspectos cruciales del acuerdo era mantener el plan médico socio –una de las joyitas de Masvida que va en beneficio directo de sus accionistas–, el cual no solo permanece sino que mejoraría con la inclusión de un plan preventivo médico.
Los números de la operación en concreto rondan los $75 mil millones y su destino va en gran parte a pagar las deudas delholding. Su mayor acreedor es precisamente la isapre. Las cuentas por cobrar que tenía la aseguradora a marzo alcanzaban a cerca de $50 mil millones, pero a la fecha esta cifra ha disminuido hasta los $26 mil millones. Junto a ello, el holding pagaría sus compromisos de corto plazo, que rondan los $9.800 millones. El objetivo es tener deuda cero, lo cual permitiría obtener dividendos importantes.
Es que las deudas del conglomerado le significan un costo financiero anual de $7.000 millones, los cuales, una vez acabados con la inyección de recursos de Southern Cross, inmediatamente se traducirían en utilidades.
Al mismo tiempo, parte del dinero está destinado a financiar el equipamiento de clínicas y capital de trabajo. Son varias las clínicas que por estos días se están ampliando, como Las Lilas y la Clínica Universitaria de Concepción, además de un nuevo centro médico a materializarse en Manuel Montt.
Se estima que toda la red de centros médicos aportará más del 50% de las utilidades del holding, una vez despejados sus costos financieros. La proyección de sus utilidades es mayor considerando la inversión en infraestructura que se está realizando.
El plazo para materializar el acuerdo es hasta mediados de septiembre y, de no mediar sorpresas, Raúl Sotomayor y compañía serían los nuevos controladores.
El regulador está atento
Pese al optimismo que ronda en Masvida, la Superintendencia de Salud sigue su situación con especial atención.
Uno de los principales aspectos que ha monitoreado son precisamente las cuentas por cobrar que tiene la isapre, considerando que representan gran parte de sus activos. Su capacidad de recuperación ha sido uno de los aspectos revisados por la Superintendencia.
Hace ocho meses que el titular del organismo, Sebastián Pablovic, inició una fiscalización sobre Masvida, al igual que Optima y Consalud, a propósito de sus indicadores de liquidez, patrimonio y garantía. Saben que cualquier tipo de deterioro, si bien no gatilla una intervención inmediata, es grave.
Desde marzo que están al tanto de que Masvida busca un socio estratégico. Y también conocen la necesidad que tiene esa isapre por capitalizarse, lo cual debiera ocurrir en cosa de días, de no haber sorpresas.
Fuentes de la industria afirman que para el regulador, que Masvida quiebre, sería un desastre. Sin una Ley de Isapres que oblige a las prestadoras a no discriminar, habría un número no menor de afiliados que pasarían a Fonasa y el costo para el fisco sería enorme, poniendo presión en las arcas fiscales justo cuando la economía pasa por una fuerte desaceleración.
Los problemas de la industria
El reportaje de hace dos semanas de Bloomberg hace hincapié en que el año pasado los clientes de las isapres presentaron más de 130.000 recursos de amparo contra la industria, en los cuales los jueces no solo fallaron a su favor 100% de las veces, sino que también hicieron pagar las costas legales a las aseguradoras. Esto representó un costo de US$34 millones en 2015, el doble de la suma correspondiente al año anterior.
Más extraño todavía, dice Bloomberg, es que el Gobierno está haciendo muy poco por ayudar a un sector que provee cobertura de salud a casi un quinto de la población, dejando a las aseguradoras en un limbo, mientras esperan un conjunto más amplio de reformas que tienen pocas posibilidades de arribar en lo inmediato.
“Existen serias dudas de que el sector pueda recuperarse”, señaló Andrés Cereceda, analista de títulos del sector de la salud en Credicorp Capital. “Los costos están subiendo y los próximos cinco años serán complicados”, puntualizó.
El año pasado las utilidades del sistema cayeron un 38%, los márgenes se desplomaron a 1,6% y la rentabilidad (ROE) quedó en 10,2%. Hace 10 años el ROE era casi del 50%.
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